Los panelistas analizan el impacto de las drogas en la violencia. En Puerto Rico, en los últimos 20 años, han asesinado cerca de 15,000 personas y un 80% de las víctimas está vinculado al trasiego de drogas.

El tejido social y gubernativo se fortalece o se debilita según la verdad y la justicia orientan la vida ciudadana en la búsqueda y encuentro con el Bien Común. Esta Jornada durante cinco martes consecutivos, propicia profundizar en los instrumentos que robustecen la buena gobernanza, aquellos que la debilitan y en cómo alertar y atajar la corrupción.

Proyecto Responsabilidad Social, Transparencia e Integridad (ReSTI)

Dr. Víctor García San Inocencio, moderador y organizador Proyecto ReSTI; Lcdo. Miguel Pereira Castillo, exsuperintendente de la Policía y el Padre José González, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Pilar en Río Piedras.

Por su parte, el Lcdo. Pereira Castillo expresó “Es necesario entender el juego que permitimos en nuestra sociedad cuando seguimos insistiendo en penalizar cosas sin entender las consecuencias. Penalizamos el consumo de drogas y se pone muy poco esfuerzo en el entendimiento del aspecto conductual o qué realidad de las personalidades del ciudadano lo llevan al consumo de drogas”.

“El trasiego de drogas genera, como función de su naturaleza, la violencia, pero es la prohibición lo que genera un valor comercial a todas las drogas. Al así hacerlo seguimos contribuyendo al establecimiento de una conducta de violencia para la protección del mercado de las drogas. Esta insistencia en seguir esta ruta de pelear el trasiego de drogas con la penalidad de esta conducta impide que nos favorezca lo que ya otras naciones conocen. Por ejemplo, Portugal es, en términos demográficos, el hermano de Puerto Rico ambos con un estimado de 3 millones de habitantes. La gran diferencia penal es que Portugal entiende que el usuario de drogas o sustancias controladas es un enfermo y lo tratan como un enfermo. La estructura de salud los asiste. Portugal reporta alrededor de 2 a 5 asesinatos al año motivados por el trasiego de drogas. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Pues tenemos que aprender de lo que otros países nos enseñan si es que los estudiamos con cuidado” añadió Pereira.

Mientras, padre José González, quien además es médico, definió este problema como uno de salud pública y enfatizó que hay disparidad entre las decisiones que se toman para atender este tema y lo que realmente sucede en las calles. “Mi experiencia es una directa con las personas afectadas en la calle y no tanto desde la visión general del pueblo hacia esas personas. En mi caso para poderlos conocer y entenderlos tuve que adentrarme en la vida de ellos. Hay muchos puntos que se están obviando y por eso seguimos haciendo lo mismo y metiendo la pata en el mismo sitio y fallando igualmente que antes. La adicción es un problema de salud pública. No podemos seguir trabajando la violencia en Puerto Rico como un tema político sino como un asunto de salud pública” sostuvo.