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Con la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 116 países consensuaron, por primera vez, que la "recuperación de activos" es un "principio fundamental" en el cual los centros financieros y los países en desarrollo deben trabajar conjuntamente. Más allá del consenso político, la recuperación de activos es uno de los proyectos jurídicos más complejos y ambiciosos del presente. Para los países víctima es esencial adquirir profesionalismo y desarrollar capacidades en las numerosas áreas jurídicas y técnicas relevantes para recuperar activos -como la investigación para el rastreo, secuestro, congelamiento y decomiso del producto de delitos- y profundizar sus conocimientos y experiencias en las complejidades de la asistencia judicial recíproca con los centros financieros. Por su parte, los centros financieros deben con urgencia legislar de conformidad con las obligaciones de la UNCAC -por ejemplo, en relación con el escrutinio intensificado de PEPs, con procedimientos eficientes para congelar activos o con la carga de la prueba necesaria para obtener el decomiso del producto del delito- e intensificar su voluntad política para investigar y perseguir penalmente las acciones ilícitas de sus instituciones financieras o de sus empresas multinacionales.