El tema del apoderamiento de las comunidades para incidir en la política pública y en el manejo de los recursos públicos de cara a los desastres fue el eje de discusión en el reciente conversatorio de la VI Certificación de Responsabilidad Pública y Gobernanza del proyecto ReSTI que lleva como título La comunidad: fuerza alternativa para anticipar y responder ante los desastres. El conversatorio contó con la participación como ponentes de la Lcda. Sonia I. Vélez Colón, pasada jueza administradora de los tribunales y el Dr. Víctor García San Inocencio, exlegislador y organizador de ReSTI.

Presentado por: Proyecto de Responsabilidad Social, Transparencia e Integridad (ReSTI) y el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia.

Dr. Víctor García San Inocencio, exlegislador y organizador de ReSTI. Lcda. Sonia I. Vélez Colón, pasada jueza administradora de los tribunales, profesora de la Escuela de Derecho, PUCPR y de la UPR. Lcdo. José A. Frontera Agenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos, PUCPR.

En su análisis, el Dr. García San Inocencio expresó: “Durante décadas el gobierno le ha dado la espalda a la participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones preparatorias ante posibles futuros desastres. Esta participación, esencial al proceso de gobernarse en el caso de los llamados desastres naturales, se convierte en un asunto de vida o muerte, se trata de garantizar los derechos humanos fundamentales. La falta de preparación y de alineamiento de los recursos públicos responde también a pésimas políticas públicas y a la mala gestión que esconde sus pésimas ejecutorias oculta en la opacidad y la falta de transparencia”.

“La omisión o anulación del ciudadano y de la comunidad en los preparativos ante el evento natural y en la ejecución postdesastre, agravan la condición de ambos. Así, la gestión pública va de lo insuficiente hasta lo caricaturesco, aun con el sacrificio y riesgo que tienen que asumir funcionarios y voluntarios a causa de las deficiencias sistémicas señaladas y a costa del despilfarro de recursos y de los riesgos asumidos” añadió García San Inocencio.

Por su parte, la Lcda. Vélez sostuvo: “Procede reflexionar en cómo podemos o debemos empoderar a nuestras comunidades sobre el conocimiento, manejo y aportación a la solución de aquello que nos tensa como sociedad. Será importante determinar qué acceso a la información y participación tienen. De cuántas herramientas legales disponen las comunidades y cómo o qué mecanismos tienen para acceder a los procesos que les permitan lidiar con el país atirantado. En un gobierno que se hace llamar democrático y representativo es tiempo ya de desmonopolizar el uso y guarda de la información, de manera que se haga una realidad el derecho a la libre expresión y se permita, con conocimiento, el manejo de asuntos públicos. Se hace indispensable contar con la participación ciudadana, que organizada, ha demostrado ser una poderosa fuerza reparadora”.

“La experiencia de los huracanes y de las secuencias sísmicas demuestran que planes preparados por, para y desde las comunidades, en conjunto con el gobierno, deberían reducir las incidencias y pérdidas, y acelerar los procesos de recuperación, En las comunidades organizadas que se prepararon en algunos municipios —que todavía son muy pocas— los daños fueron menores y la recuperación más rápida. Las decisiones que se toman en verdadera participación democrática y mediando transparencia rinden muchos frutos, las que no configuran el verdadero desastre” concluyó García San Inocencio.

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